En España, durante los primeros años del XXI las ciudades fueron configurándose en base a unas expectativas de crecimiento económico y demográficas debidamente maquilladas en beneficio del capital. El terreno había sido previamente abonado con la ley del suelo del 98, favorable a la expansión urbana y una entrada en el euro que, cual presa que se abre, inundó nuestro país de una liquidez desconocida hasta el momento.
Durante esos años, la propiedad del suelo ha sido transmitida de particular a promotor (con intermediario especulador en ciertos casos) para posteriormente pasar de promotor a entidad financiera como dación en pago de los préstamos que no se han podido devolver a esta.
Del mismo modo, y a escala de vivienda, la operativa ha sido similar. Para lograr el acceso a la misma por parte de los particulares, en muchos casos ha sido necesaria la financiación de la compra debido por un lado al alto precio de las viviendas y por otro a la escasa capacidad de ahorro de personas con salarios medios muy por debajo del nivel de los préstamos concedidos… este proceso ha desembocado en un proceso de desposesiones de distinto tipo con consecuencias que van desde la PAH hasta la SAREB, de las cuales hablaremos en próximos post.
Y ¿qué tiene todo esto que ver con la ciudad? Hay una relación directa entre la configuración de las recientes urbanizaciones periféricas surgidas al calor de la burbuja inmobiliaria y una forma de entender la ciudad como tablero de juego para operaciones especulativas. Desarrollos urbanos tan acelerados como los que vivimos los años previos al 2008 han dado lugar a urbanizaciones fantasma, ruinas modernas, o un exhaustivo muestrario de rotondas que nos hacen pensar que esa ciudad que hemos fabricado no era más que el soporte para el (falso) crecimiento económico del PIB de nuestro país. El espacio público generado no fue concebido, en términos generales, como un hábitat para las personas, sino como el previo pago (necesidad de conexión de servicios y accesos) de unos réditos que, en muchos casos, no llegaron a obtenerse. Y cuyo coste seguiremos pagando durante varios años.
Nota del autor: Gran parte de mi actividad profesional se ha centrado en las valoraciones inmobiliarias. Desde el año 2011 he asistido a todo tipo de situaciones personales, presiones por parte de APIs o particulares para que el valor de una vivienda, un terreno o una nave industrial fueran más altos o más bajos de lo que dictaba mi valoración (o la de la sociedad de tasación para la que trabajaba, que no es lo mismo). Todo ello me ha servido para tener un contacto cercano con las entidades financieras (y sus agencias asociadas) y hacerme una idea de cómo se organiza todo el mercado inmobiliario y lo que representa respecto a las ciudades en las que vivimos.
